DISMINUIR LOS IMPUESTOS DISTORSIVOS FOMENTA EL CRECIMIENTO ECONOMICO

 

La teoría económica universal y básica dice que “los impuestos no deben influenciar  las decisiones de las personas en cuanto a trabajar, invertir y producir”.

Por lo tanto los impuestos no deberían aplicarse antes o durante el proceso productivo para que éste sea hecho de la manera más eficiente posible desde el punto de la asignación de factores. De esta manera, se tiende a la maximización de la producción.

La finanzas públicas se basan en que el Estado debe financiarse en base a los impuestos aplicados en función a la capacidad contributiva de las personas. Esta capacidad de contribuir al sustento del Estado se mide por lo que las personas consumen, ganan y tienen, esto aplican como base de su recaudación impositiva todos los países.

Es así entonces que los impuestos recomendables son al valor agregado (IVA) aplicable al consumo, que obviamente se paga concluido cada eslabón de la cadena de productiva; a los ingresos o rentas que en Argentina se conoce como Impuesto a las Ganancias, que también se ejecuta cuando termina el proceso productivo; y el impuesto que grava la propiedad que en Argentina son Bienes Personales, Inmobiliario y Automotor. Estos son los impuestos preponderantes en los países desarrollados con sistemas productivos que funcionan con alta eficiencia. Digamos que son los impuestos “sanos”.

Pero en nuestro país la cuestión es bastante diferente. De manera superpuesta se aplican impuestos que distorsionan las decisiones de producir. El Estado Nacional aplica impuestos al empleo (cargas sociales), a las transacciones financieras (impuesto al cheque), al comercio exterior (aranceles a las importaciones y derechos de exportación), a la energía y otros productos (impuestos internos). Los Estados provinciales, por su parte, aplican el impuesto a los contratos (sellos) y un impuesto a las ventas superpuesto con el IVA (Ingresos Brutos).  Los municipios, por su parte, aplican tasas de comercio e industria que originalmente eran de monto fijo pero devinieron en un porcentaje de las ventas. Estos son los impuestos distorsivos o “insanos”.

Toda esta parafernalia de impuestos distorsionan las decisiones económicas. Por eso se les llama “impuestos distorsivos” o podríamos llamarlos también “insanos”, porque como una bacteria o virus, contaminan toda la actividad económica, siendo las pequeñas empresas las más afectadas, que casualmente son el factor más dinamizante del desarrollo económico.

Las cargas sociales inducen a los empleadores a huir de las relaciones asalariadas registradas. El impuesto al cheque induce a los comerciantes y productores al pago en efectivo. Los aranceles encarecen los insumos importados y los derechos desalientan las exportaciones. Tener tres impuestos a las ventas, naturalmente, alienta la informalidad. El Impuesto al cheque más el impuesto a los sellos encarece el crédito para el productor tanto cuando abre una cuenta corriente bancaria para capital de trabajo como cuando vende con tarjeta de crédito.

Los “impuestos distorsivos” han tomado tanto protagonismo que representan la mitad de la recaudación impositiva global, es decir la nacional más la provincial y municipal.  Por lo tanto al pequeño empresario le queda una sola salida “la informalidad”

Se estima que cerca de la mitad de las ventas se hacen “en negro”; las relaciones comerciales entre proveedores y comerciantes se hacen “de palabra”; sacar una tarjeta de débito para hacer un pago en un comercio chico o mediano es como una afrenta y si la tarjeta es de crédito es como sacar una pistola; la mitad de las relaciones laborales son también “en negro”.

En 2017 el gobierno de Macri planteó reducir los impuestos distorsivos en la medida en que la economía creciera y como era obvio fracasó. ¿Cómo va a crecer la economía si existen este tipo de impuestos? Se equivocó, puso el carro delante del caballo.

Así es como el actual Gobierno Nacional con los Gobernadores llegaron a otro consenso: detener las reducciones de Ingresos Brutos comprometidas en el Consenso 2017. En rigor, la provincia que quiera hacerlo puede reducir sus propios impuestos en lo que quiera. Lo que cambió respecto al 2017 es que no está “obligada” a hacerlo.

Evidentemente en este tema no aciertan ni los unos ni los otros, la cuestión es que los impuestos distorsivos no se tocan.

En una economía donde la informalidad es la regla, el estancamiento económico es su corolario. Esto se explica porque las inversiones productivas importantes, aquellas que traen la modernidad y el desarrollo productivo son por definición “en blanco”. Así es como los “impuestos distorsivos” se convirtieron en un freno al crecimiento económico. CZ