La teoría económica universal y básica dice que “los
impuestos no deben influenciar las
decisiones de las personas en cuanto a trabajar, invertir y producir”.
Por lo tanto los impuestos no deberían aplicarse antes o
durante el proceso productivo para que éste sea hecho de la manera más
eficiente posible desde el punto de la asignación de factores. De esta manera,
se tiende a la maximización de la producción.
La finanzas públicas se basan en que el Estado debe
financiarse en base a los impuestos aplicados en función a la capacidad
contributiva de las personas. Esta capacidad de contribuir al sustento del
Estado se mide por lo que las personas consumen, ganan y tienen, esto aplican
como base de su recaudación impositiva todos los países.
Es así entonces que los impuestos recomendables son al valor
agregado (IVA) aplicable al consumo, que obviamente se paga concluido cada
eslabón de la cadena de productiva; a los ingresos o rentas que en Argentina se
conoce como Impuesto a las Ganancias, que también se ejecuta cuando termina el
proceso productivo; y el impuesto que grava la propiedad que en Argentina son
Bienes Personales, Inmobiliario y Automotor. Estos son los impuestos
preponderantes en los países desarrollados con sistemas productivos que
funcionan con alta eficiencia. Digamos que son los impuestos “sanos”.
Pero en nuestro país la cuestión es bastante diferente. De
manera superpuesta se aplican impuestos que distorsionan las decisiones de
producir. El Estado Nacional aplica impuestos al empleo (cargas sociales), a
las transacciones financieras (impuesto al cheque), al comercio exterior (aranceles
a las importaciones y derechos de exportación), a la energía y otros productos
(impuestos internos). Los Estados provinciales, por su parte, aplican el
impuesto a los contratos (sellos) y un impuesto a las ventas superpuesto con el
IVA (Ingresos Brutos). Los municipios,
por su parte, aplican tasas de comercio e industria que originalmente eran de
monto fijo pero devinieron en un porcentaje de las ventas. Estos son los
impuestos distorsivos o “insanos”.
Toda esta parafernalia de impuestos distorsionan las
decisiones económicas. Por eso se les llama “impuestos distorsivos” o podríamos
llamarlos también “insanos”, porque como una bacteria o virus, contaminan toda
la actividad económica, siendo las pequeñas empresas las más afectadas, que
casualmente son el factor más dinamizante del desarrollo económico.
Las cargas sociales inducen a los empleadores a huir de las
relaciones asalariadas registradas. El impuesto al cheque induce a los
comerciantes y productores al pago en efectivo. Los aranceles encarecen los
insumos importados y los derechos desalientan las exportaciones. Tener tres
impuestos a las ventas, naturalmente, alienta la informalidad. El Impuesto al
cheque más el impuesto a los sellos encarece el crédito para el productor tanto
cuando abre una cuenta corriente bancaria para capital de trabajo como cuando
vende con tarjeta de crédito.
Los “impuestos distorsivos” han tomado tanto protagonismo que
representan la mitad de la recaudación impositiva global, es decir la nacional
más la provincial y municipal. Por lo
tanto al pequeño empresario le queda una sola salida “la informalidad”
Se estima que cerca de la mitad de las ventas se hacen “en
negro”; las relaciones comerciales entre proveedores y comerciantes se hacen
“de palabra”; sacar una tarjeta de débito para hacer un pago en un comercio
chico o mediano es como una afrenta y si la tarjeta es de crédito es como sacar
una pistola; la mitad de las relaciones laborales son también “en negro”.
En 2017 el gobierno de Macri planteó reducir los impuestos
distorsivos en la medida en que la economía creciera y como era obvio fracasó.
¿Cómo va a crecer la economía si existen este tipo de impuestos? Se equivocó,
puso el carro delante del caballo.
Así es como el actual Gobierno
Nacional con los Gobernadores llegaron a otro consenso: detener las reducciones
de Ingresos Brutos comprometidas en el Consenso 2017. En rigor, la provincia
que quiera hacerlo puede reducir sus propios impuestos en lo que quiera. Lo que
cambió respecto al 2017 es que no está “obligada” a hacerlo.
Evidentemente en este
tema no aciertan ni los unos ni los otros, la cuestión es que los impuestos
distorsivos no se tocan.
En una economía donde la informalidad es la regla, el
estancamiento económico es su corolario. Esto se explica porque las inversiones
productivas importantes, aquellas que traen la modernidad y el desarrollo
productivo son por definición “en blanco”. Así es como los “impuestos
distorsivos” se convirtieron en un freno al crecimiento económico. CZ
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